A nivel nacional, muchas organizaciones de la sociedad civil —especialmente aquellas que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad— enfrentan limitadas oportunidades de financiamiento, escaso acceso a tecnologías y dificultades para escalar sus iniciativas. Estas brechas restringen su capacidad de innovación, incidencia en políticas públicas y generación de cambios sostenibles en sus territorios.

Asimismo, persisten desigualdades en el acceso y uso de tecnologías, que afectan procesos educativos, el desarrollo de capacidades, la participación ciudadana y la defensa de derechos de grupos históricamente excluidos.